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2020 - 044. Pronunciamiento sobre la discriminacin que deriva en violencia y abusos hacia las personas con discapacidad institucionalizadas y que han sido denunciadas por Disability Rights International

Ciudad de México a 06 de noviembre 2020

El pasado 26 de octubre, Disability Rights Internacional (DRI) dio a conocer el Informe Crímenes de lesa humanidad. Décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.[1] Entre las violaciones documentadas se encuentran las siguientes: violencia y abusos físicos y sexuales, trabajos forzados, trata, sometimiento, falta de consentimiento e información sobre tratamientos médicos, aislamiento, incomunicación con sus familias, esterilizaciones y abortos forzados, así como estancias prolongadas e injustificadas que ocurren a las personas con discapacidades de todas las edades.

El Informe es fruto de las visitas realizadas, entre 2015 y 2020, a 55 instituciones públicas y privadas que prestan asistencia a personas con discapacidad, como orfanatos, hospitales psiquiátricos, centros sociales y otros entornos institucionales en México.

Ante este panorama, la Asamblea Consultiva del Conapred expresa su preocupación en cinco sentidos principales:

  1. Por la situación de niñas, niños y adolescentes, sobre quienes se acumulan violencias y abusos que, en el mejor de los casos, dificultarán una vida adulta plena, y, en el peor, ponen en riesgo su integridad y salud. Ellas y ellos frecuentemente son abandonados por sus familias dada la carencia de recursos para cuidarles de manera adecuada, lo que de nuevo constituye un reclamo sobre la importancia de un sistema de apoyos y cuidados impulsado por el Estado.
  2.  
  3. Por la ocurrencia de estas prácticas en instituciones que dependen de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA).
  4.  
  5. Por la dilación del Estado mexicano en dar respuesta a la denuncia y documentación de estas prácticas que ha sido realizada durante décadas por organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas con discapacidad y organismos internacionales.
  6.  
  7. Por el rezago en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a 13 años de firmada y ratificada por el Estado mexicano, sobre cuyos preceptos estas discriminaciones, violencias y abusos resultan intolerables e incompatibles con el Estado constitucional de derechos.
  8.  
  9. Por la inercia discriminatoria que ha impedido transitar del modelo institucional al modelo comunitario de atención cuyo propósito es que las personas con discapacidad vivan con sus familias o de forma independiente, si así lo desean, incluidas en la comunidad. Tal y como se deriva del Artículo 19 de la Convención y de la Observación General número 5 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
  10.  

Por todo lo anterior, la Asamblea hace un llamado respetuoso y enérgico a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA) para que:

  • Investigue e informe a la ciudadanía la dimensión de la violencia y abusos físicos y sexuales, trabajos forzados, trata, sometimiento, falta de consentimiento e información sobre tratamientos médicos, aislamiento, incomunicación con sus familias, esterilizaciones y abortos forzados, así como estancias prolongadas e injustificadas que ocurren a las personas con discapacidades de todas las edades, en todas las instituciones del país, públicas y privadas que prestan asistencia a personas con discapacidad.
  •  
  • Se hagan las denuncias penales en la Fiscalía General de la República y en las correlativas de los estados de la República por los actos y omisiones de las autoridades y particulares que dieron como resultado los abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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  • Implementen un sistema nacional de registro, regulación y monitoreo, con participación de la sociedad civil, de las instituciones públicas, sociales y privadas que operan en México, que incluya número y características de quienes allí residen, así como de los mecanismos adoptados para prevenir violaciones a derechos humanos y delitos al interior de aquellos.
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  • Fomente el apoyo y la supervisión del Estado para las familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que ellas y ellos puedan permanecer en sus entornos familiares y no sufran secuelas que pueden ser permanentes o que ponen en riesgo su vida.
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  • Favorezcan la integración en la comunidad y la autonomía de las personas con discapacidad adultas, de acuerdo con los estándares de vanguardia que se derivan del modelo comunitario de atención de la discapacidad.
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  • Armonicen la normatividad mexicana con la Convención y las prácticas institucionales con los avances científicos que permiten una mejor comprensión de la discapacidad y las formas de abordarla individual y socialmente, para que resulten armónicas con su dignidad e integridad personal.
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  • Aseguren la erradicación de prácticas que ponen en riesgo la salud y la dignidad de las personas, tales como la terapia electroconvulsiva, psicocirugías o las sujeciones, entre otras; también que la interacción y tratamientos médicos se realicen de acuerdo con protocolos con perspectiva de derechos humanos y se obligue a la documentación y registro de su uso.
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  • Destinen los recursos necesarios para garantizar el enfoque de derechos en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad.
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  • Capaciten y sensibilicen al personal de las instituciones en programas conductuales, que brinden un trato digno a las personas con discapacidad y que se regule el trabajo voluntario.
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De la misma forma la Asamblea Consultiva hace un llamado a Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías de los estados de la República, para que inicien una carpeta de investigación de los delitos de su competencia que presumiblemente se han cometido -según consta en el informe de DRI- en instituciones públicas y privadas de país.

La Asamblea Consultiva expresa su solidaridad hacia las personas con discapacidad que experimentan una discriminación estructural que se ha utilizado para justificar abusos y violencia. En este sentido, la Asamblea también hace un llamado para que el Estado coloque de manera sencilla y sin discriminación al alcance de ellas, los mecanismos para hacer justicia, reparar el daño y establecer garantías de no repetición frente a estos actos que han sido calificados como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Finalmente, la Asamblea Consultiva de Conapred expresa el reconocimiento a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que, como DRI, trabajan cada día para lograr el pleno reconocimiento y el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad en México.

La Asamblea Consultiva del Conapred

Mariclaire Acosta Urquidi, Presidenta

Integrantes: Elena Azaola Garrido; Leticia Bonifaz Alfonzo; Miguel Concha Malo; Sarah Corona Berkin; Mario Luis Fuentes Alcalá; Javier Garza Ramos; Amaranta Gómez Regalado; José Antonio Guevara Bermúdez; Carlos Heredia Zubieta; Mauricio Meschoulam; Lilian Paola Ovalle Marroquín; Pedro Sergio Peñaloza Pérez; Haydeé Pérez Garrido; Diego Petersen Farah; Daniela Rea Gómez; Jesús Rodríguez Zepeda; Patricio Solís Gutiérrez; Estefanía Vela Barba.

Invitadas e invitados honorarios: Miguel Álvarez Gándara; Ricardo Miguel Raphael de la Madrid; Celia del Palacio Montiel; Daniel Giménez-Cacho García; Sandra Lorenzano Schifrin; Camerina Ahideé Robles Cuéllar.