Tel. +52(55) 5262 1490 y 01 800 543 0033
SIGUENOS EN: Twitter Facebook You Tube
CONAPRED EN: IOS Android

Noticias

Compartir en Facebook (abre nueva ventana) Compartir en  Twitter (abre nueva ventana)

Día Internacional de Nelson Mandela. Los pueblos indígenas enfrentan a diario múltiples formas de discriminación

Mujer indígena prepara la comida.
En pleno siglo veintiuno, una gran parte de los más de 15 millones de mexicanas y mexicanos indígenas no deja de verse expuesta, aún hoy, a vivir circunstancias de discriminación y exclusión en los ámbitos de la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.
 
En su Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México.  El Reto de la Desigualdad de Oportunidades, el PNUD señala: “La población indígena tiene un Índice de Desarrollo Humano 11.3% menor que el de la población mexicana no indígena. El aspecto más vulnerable es el ingreso, en donde la brecha de desigualdad es del 17%”.
 
Entre rezagos y brechas, la discriminación en México sigue golpeando bajo a  las personas y comunidades indígenas, siendo más palpables las violaciones cotidianas a sus derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación). “Los resultados muestran que el 93.9% de la población indígena está privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al menos de tres”
 
 
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 (Enadis, 2010), ocho de cada diez mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez indicaron que fue por su condición de ser hombre/mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero (Enadis, 2010).
 
La misma Enadis 2010 indica que 44 por ciento de mexicanos y mexicanas consideran que no se respetan los derechos de las personas indígenas.
 
El no respeto a los derechos de personas o grupos se torna escandalosamente violento cuando, todavía en el tiempo presente, existen prácticas de rechazo y discriminación que se basan, por ejemplo, en las diferencias de nuestros rasgos físicos, como el color del cabello, el tono de la piel, la forma de la cara, el peso, la talla, etc. Entonces, ser güerito, ser moreno, ser gordo o ser flaco se vuelven motivos para discriminar. 
 
Limitados en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas mexicanos enfrentan la experiencia de la discriminación múltiple, que cruza violenta sus vidas, identidades y esperanzas, y los discrimina por ser también mujeres pobres, migrantes, trabajadoras del hogar, vendedores/as ambulantes, adultos/as mayores, campesinos/as, personas analfabetas, etc. Los prejuicios y estigmas sociales alrededor del ser o parecer indígena siguen colocando a los pueblos indígenas en el atraso y en el pasado para discriminarles y excluirles, como acontece también como tantos otros grupos sociales aún discriminados.
 
Y, entonces, persisten las múltiples, superpuestas y conexas formas de discriminación en la vida cotidiana de las personas, comunidades y pueblos indígenas.
 
Como nación y como sociedad, nos vemos cada vez más desafiados a identificar, diferenciar, hacer más visibles y denunciar todas las prácticas discriminatorias, muy particularmente aquellas cobijadas por la discriminación múltiple. Por su desafiante complejidad, ésta amerita ser atajada desde un enfoque interseccional de la discriminación y bajo el propio marco internacional de los derechos humanos.
 
En este “Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo”, resulta imperativo volver a hacer eco de la necesidad de seguir luchando contra los estigmas y los prejuicios que siguen marcando, discriminando y excluyendo a las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país. Por ello, es un signo alentador que, en el marco del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas (2005 al 2015), «Un decenio para la acción y la dignidad», el tema a desarrollar desde las Naciones Unidas durante 2012 sea: “Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces Indígenas”.
 
Con ello, se busca destacar la importancia de los medios de comunicación indígenas en el combate de los estereotipos, la proyección de su identidad, la comunicación con el mundo exterior y su capacidad para influir en la agenda política y social.
 
Persiste la discriminación hacia las comunidades indígenas
 
De acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, hay en México 15.7 millones de personas consideradas indígenas, de las cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen indígenas aunque no hablen alguna lengua.
 
En cambio, 400 mil personas hablantes de lengua indígena no se consideran como indígenas, es decir, no tienen una autoadscripción étnica con este grupo de población.
 
54.7 por ciento de las personas hablantes de lengua indígena hablan náhuatl, maya, mixteco, tzeltal y zapoteco.
 
Además, 15.9 por ciento del total de hablantes indígenas no hablan español (monolingües).
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 (Enadis, 2010), las personas indígenas, junto a las personas homosexuales y las migrantes, son percibidas como más vulnerables a la discriminación. Veamos:  
 
- En general, el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación (19.5%); seguido de la pobreza (9.4%) y el apoyo del gobierno (8.8%). Además, consideran que la lengua (6.8%) es otro problema principal.
 
- Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico (39.1%) consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo.
 
- Tres de cada diez (33%) consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno.
 
- Uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud (27.1%) o educación (26.2%).
 
Respecto a la percepción de la ciudadanía en esta materia, la Enadis 2010 indica que:    
 
- 44 por ciento de mexicanos y mexicanas consideran que no se respetan los derechos de las personas indígenas, 31 por ciento piensan que se respetan de modo parcial; mientras que 22 por ciento manifiestan que sí se respetan.
 
- La percepción de no respeto a los derechos de las personas indígenas aumenta si es mayor el nivel educativo: de 32% entre quienes no tienen escolaridad a 48% entre los que no terminaron el bachillerato; 56% entre los que sí lo concluyeron y 57% entre quienes cursaron estudios superiores.
 
- La percepción de que no se respetan los derechos de las personas indígenas es mayor entre las y los jóvenes de 18 a 29 años (49%) y las personas adultas de 30 a 39 (46%). Las personas adultas de 50 a 59 y las personas adultas mayores (27%) consideran que sí se respetan sus derechos.
 
- 30.4 por ciento opinan que no se respetan los derechos de las personas de otra raza, es decir, cuyas características fenotípicas son diferentes (rasgos físicos como el cabello, tono de piel, forma de la cara, etc.).
 
- Mexicanos y mexicanas dicen que no han sido respetados sus derechos debido a su costumbre o cultura (82%),  su acento al hablar(81.6%), su color de piel (81.1%), provenir de otro lugar (80.2%), su educación(79.2%), su religión (78.7%), su forma de vestir (78.6%), por ser hombre/mujer (75.9%), su edad (75.3%), su apariencia física (74.6%) y por no tener dinero (67.6%)
 
Derechos sociales y económicos de la población indígena en México
 
Sin acceso a la educación
 
Analfabetismo.- Aunque 27.3 por ciento de la población de habla indígena de 15 años o más no saben leer y escribir, existen diferencias por grupos de edad, ya que el analfabetismo es más alto conforme aumenta la edad:
 
- 9.0 por ciento para el grupo de 15 a 29 años.
- 21.5 por ciento para el grupo de 30 a 44 años.
- 37.1 por ciento para el grupo de 45 a 59 años.
- 56.9 por ciento para el grupo de 60 a 74 años.
- 66.9 por ciento para el grupo de personas mayores de 75 años.
 
Inasistencia a la escuela.- La falta de asistencia escolar, presente en varias generaciones, puede explicar por qué 75.5 por ciento de las personas de 15 años y más hablantes de lengua indígena no asisten a la escuela. Esta condición de vulnerabilidad se replica para 80.3 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años; para 97.8 por ciento de los adultos y para el 98.7 por ciento de los adultos mayores.
 
Escolaridad. Según el nivel de escolaridad alcanzado, 68.7 por ciento de la población de 3 años y más hablante de lengua indígena tiene educación básica; la posibilidad es menor si no se habla español, ya que 47.6 por ciento de la población monolingüe de habla indígena tiene educación básica y 51.9 por ciento no tiene escolaridad.
 
Además, 92.5 por ciento de las personas de habla indígena viven en hogares cuyo jefe(a) de hogar no tiene escolaridad o cuenta solo con educación básica.
 
En general, la no asistencia escolar de niños y adolescentes que hablan lengua indígena podría asociarse a cuestiones sociales, las niñas pueden no asistir por cuestiones de prejuicios de género en la familia; económicas, debido a que en algunos casos se privilegia el desarrollo del trabajo en el campo o el pastoreo de animales; de accesibilidad, porque recorren grandes distancias a pie bajo condiciones climáticas muy extremas o en transportes no muy adecuados o con alto costo monetario para las familias, y las propias instalaciones pueden estar en condiciones no adecuadas.
 
Limitado acceso a la Salud
 
Derechohabientes.- De acuerdo al censo de población 2010, sólo 57.1 por ciento de la población hablante de lengua indígena es derechohabiente a servicios de salud, mismos que son proporcionados principalmente por el Seguro Popular (70.2%), y en menor medida por el IMSS (22.3%), el ISSSTE (5.0%), Pemex, Defensa o Marina (0.7%), o por alguna institución privada u otra (1.7%).
 
Derechos sexuales y reproductivos.- Datos de la ENADID 2009 dejan ver que el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil que hablan lengua indígena es menor respecto a las que no hablan lengua indígena: en las primeras, 85 por ciento conoce al menos un método de control natal y 43.3 por ciento lo usa; en las segundas, 98.7 por ciento conoce al menos uno y 50.2 por ciento lo usa.
 
Una proporción de mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil unidas está expuesta a un embarazo y no hace uso de un método anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia (21.6%). En el caso de mujeres que no hablan lengua indígena la demanda insatisfecha es de nueve por ciento.
 
Conforme a la información de la ENADID 2009, la tasa global de fecundidad estimada para el quinquenio 2004-2008 de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil fue de 2.8 hijos por mujer, en promedio un hijo más respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena (1.9 hijos por mujer). Ante esta situación, es necesario considerar que 4 de cada 10 mujeres de habla indígena no tiene acceso a los servicios médicos antes, durante y después del parto.
 
Precario y desigual acceso al empleo, desde muy niños
 
La tasa de participación económica de la población de 12 años y más hablantes de lengua indígena es de 74.4 por ciento para los hombres y de 24 por ciento para las mujeres. Por lo general, entre la población indígena, su participación en actividades económicas comienza a muy temprana edad, dado que la unidad productiva es familiar y existe la necesidad de que niños y adolescentes apoyen en la producción doméstica, la mayoría de las veces sin remuneración alguna.
 
La tasa de participación económica de los hablantes de lengua indígena no sólo es mayor a los que no hablan lengua indígena en edades tempranas, sino también entre los adultos mayores de 60 años y más debido a que una gran parte de éstos no tienen seguro de retiro o jubilación, lo que los obliga a seguir laborando.
 
En las comunidades rurales, 68.8 por ciento de la población ocupada de 12 años y más hablante de lengua indígena se dedican a actividades agropecuarias; de ellos, 51.7 por ciento trabajan por cuenta propia, 22.3 por ciento son trabajadores sin remuneración y 23.7 por ciento son jornaleros, peones, empleados o ayudantes.
 
En las áreas urbanas, la población ocupada que habla lengua indígena se inserta principalmente en actividades del sector servicios (36.5%) y del sector de la minería, industrias manufactureras, electricidad y agua (20.9 por ciento).
 
Al revisar las condiciones laborales de la población ocupada, subordinada y remunerada de los hablantes de lengua indígena de 12 años y más, se observa que 80 por ciento no reciben reparto de utilidades o prima vacacional, 78.3 por ciento no reciben ahorro para el retiro (SAR o AFORE), 70.8 por ciento no reciben vacaciones con goce de sueldo, 63.8 por ciento no reciben aguinaldo y 68.2 por ciento no son derechohabientes de alguna institución de salud.
 
Condiciones de vida, pobreza y derecho al desarrollo
 
79.3 por ciento de los indígenas se encuentran en pobreza extrema o moderada; mientras que 17.5 por ciento de aquellos clasificados como no pobres son vulnerables por ingresos o por carencias sociales de acuerdo a la medición de la pobreza a nivel nacional realizada por el Coneval en 2010.
 
En México, la población indígena tiene un Índice de Desarrollo Humano de 11.3 por ciento menor que el de la población no indígena. El aspecto más vulnerable es el ingreso, en el que la brecha de desigualdad es de 17 por ciento. Las causas de los rezagos identificados son diversas y abarcan desde las limitaciones para acceder a infraestructura educativa, de salud y vivienda, o a oportunidades de generación de ingreso, hasta la dispersión poblacional y la discriminación de la que es víctima la población indígena.
 
De acuerdo a las condiciones de la vivienda, 8.2 por ciento de los hogares de la población hablante de lengua indígena no disponen de energía eléctrica; 24.9 por ciento de los hogares no disponen de agua entubada; 35.3 por ciento no disponen de drenaje conectado a la red pública, fosa séptica o desagüe; 13.9 por ciento no disponen de excusado en el interior de la vivienda o del terreno donde viven; 18.2 por ciento de los hogares tienen piso de tierra y 46.6 por ciento de las viviendas indígenas disponen de un solo dormitorio.
 
Dichos elementos dan cuenta de las condiciones adversas, que explican el deterioro en las condiciones de vida de la población indígena.
 
Cifras publicadas en 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD, señalan que las entidades con los menores índices de desarrollo humano por condición de indigenismo fueron Chiapas (0.6097), Guerrero (0.6151), San Luis Potosí (0.6462) y Veracruz (0.6496), mientras que las entidades con los mayores índices fueron Jalisco (0.7693), Coahuila (0.7682) y Zacatecas (0.7562).
 
Alrededor del 50 por ciento de los hogares indígenas sin aseguramiento tienen un gasto en salud del 30% de su ingreso trimestral, el doble que los hogares no indígenas. Esto reduce el ingreso disponible para otros bienes, como educación o alimentación, o activos del hogar, y deteriora aún más su nivel de bienestar.
 
Existen notorias desigualdades en el gasto público, el cual debiera beneficiar a los indígenas con mayores carencias. El 10 por ciento con menor IDH sólo recibe el 5.7 por ciento del gasto público total en educación destinado a esta población. De igual modo, el mismo grupo sólo se beneficia del 6.7 por ciento de las transferencias gubernamentales que reciben los indígenas, mientras que el 10 por ciento de la población indígena con mayor IDH recibe el 31.7 por ciento.
 
La discriminación múltiple o interseccional
 
La discriminación múltiple es una característica de la discriminación en México, ejemplo de ella son las trabajadoras del hogar, sobre todo aquellas mujeres de origen indígena que desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente. Otro ejemplo lo constituyen las mujeres migrantes indígenas, quienes sufren abusos como las largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico, el acoso sexual y las amenazas de entregarlas a las autoridades migratorias por ser indocumentadas; incluso hay aquellas que sufren secuestro.
 
Como se deja percibir, frecuentemente, a las mujeres se les discrimina y niega sus derechos de modo simultáneo -o no necesariamente así- por ser mujeres, por pertenecer a un grupo marginado, por ser mujeres que viven en la pobreza, etc. Esta discriminación múltiple es fuente de la violencia contra las mujeres, ya que las expone y las convierte en blanco de ciertas formas de violencia, muy particularmente cuando ellas provienen de un estatus social precario y los perpetradores violentos saben que será difícil para ellas denunciar los abusos y pedir ayuda.
 
La discriminación que enfrentan las mujeres, particularmente las mujeres indígenas,  a menudo hace que queden excluidas del acceso a la justicia, la protección o los servicios básicos. Esta exclusión se deriva de la pobreza y, a la vez, hace que ésta se arraigue aún más en el país. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que mueren durante el embarazo y el parto son indígenas pobres de zonas rurales, que no reciben los mismos servicios sanitarios que otras mujeres no indígenas.
 
En países en vías de desarrollo, las víctimas de la discriminación racial, viven en condiciones de pobreza extrema, sin esperanzas de superarse, lejos de las  oportunidades para integrarse en el mercado laboral. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Así, las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen social, la situación económica o el nacimiento.
 
La Declaración y el Programa de Acción de Durban llaman a los Estados, a las organizaciones sociales y al sector privado a redoblar esfuerzos para combatir todas estas formas de discriminación, así como a adoptar medidas que atiendan las necesidades de los grupos más excluidos: comunidades indígenas y afrodescendientes, migrantes, refugiados y desplazados internos, mujeres y niños, y otros grupos aún discriminados.
 
Actualmente, las formas más extendidas de la esclavitud tienen su origen en la trata de personas, incluidos trabajadores agrícolas y del servicio doméstico, y mujeres y niños explotados sexualmente.
 
Todas las formas de intolerancia social son maneras de enfrentar el problema del “otro”. El “otro” es toda persona portadora de la diferencia física, social o cultural. La tolerancia implica reconocer a las y los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. La tolerancia es un componente fundamental para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, y el logro de la paz y la democracia.
 
Los Estados deben condenar y tratar de poner fin a la propagación de teorías o de ideas desacreditadas, que atribuyan la superioridad y la inferioridad de grupos raciales o étnicos, así como el lenguaje que fomente el odio racial.
 
Proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas  
 
Como Estado, en los últimos sexenios, México ha creado un marco legal de protección a los derechos indígenas, buscando consolidar su institucionalidad, mejorar su presupuesto y atender a las necesidades de este grupo de población a través de políticas y  programas públicos. No obstante, las leyes no lo son todo; son insuficientes, ya que, con todo lo hecho, aún existe una enorme desventaja en cuanto a las mediciones e indicadores sobre el goce efectivo de los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de las personas y las comunidades indígenas.
 
El origen étnico y el origen nacional constituyen dos de los motivos por los cuales está prohibido discriminar, como señala el artículo 1º constitucional, que también obliga a las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, incluidas las personas, pueblos y comunidades indígenas. El artículo 2º reconoce la composición pluricultural de la Nación, que se sustenta originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas.
 
En el ámbito internacional, la piedra angular contra la discriminación racial es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Esta Convención entiende la discriminación racial como:
 
“La distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color de piel, linaje u origen nacional o étnico, que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra de la vida pública (…) y toda propaganda y organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color de piel u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio y la discriminación racial, comprometiéndose a adoptar una política encaminada a eliminar cualquier incitación o actos de ese tipo de discriminación, combatiendo los prejuicios que conducen a ésta, y garantizando el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin distinción de raza, color de piel y origen étnico o nacional en el ejercicio de sus derechos”.
 
De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001), “la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social”, misma que abarca “los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”
 
Existen instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas como colectividades y de manera individual, como personas. Por ejemplo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que fue el primer instrumento internacional que reconoce la autoidentificación o autoadscripción como criterio fundamental para determinar si una persona pertenece o no a un pueblo indígena. Reconoce también los derechos de carácter colectivo, por ejemplo, los derechos a la consulta, a la participación en la vida política, económica, social y cultural del Estado; a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales sin discriminación alguna, entre otras esferas en la educación, empleo, capacitación profesional, vivienda, salud y seguridad social. Tienen derecho sobre sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, y derecho a no ser desplazadas, por la fuerza, de sus tierras y territorios.
 
En cuanto al derecho a la consulta, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas recordó a México que el Estado debe garantizar el derecho a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas en todo acto, proyecto o espacio donde se traten derechos de los pueblos indígenas. Para ello, le ha recomendado redoblar esfuerzos para asegurar la plena participación de las personas indígenas, en especial de las mujeres indígenas, en los espacios de toma de decisión, particularmente en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, así como tomar medidas efectivas para asegurar que los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública.
 
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), llega a desarrollar los derechos de los pueblos indígenas y establece un serio compromiso de los Estados para vigilar que tales derechos sean ejercidos sin discriminación alguna, evocando que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena (Artículo 2).
 
Dentro del orden jurídico nacional, existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo artículo 4º prohíbe la discriminación a cualquier persona. Desde 2003, hay diversos ordenamientos jurídicos nacionales que han permitido establecer instituciones vinculadas con el tema de los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de sus lenguas (por ejemplo, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas).
 
 
Entre avances y muchos retos para México
 
Junto a los avances de la lucha por la no discriminación de los pueblos indígenas, quedan aún muchos retos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), tras la sustentación del Estado mexicano en torno al cumplimiento e implementación de dicha Convención (marzo de 2012), hizo sus observaciones sobre la materia, entre ellas: Manifestó su preocupación sobre los asuntos que afectan a los pueblos indígenas dentro de la legislación mexicana, en virtud de que ella varía mucho de un estado federal a otro, y las políticas dependen mucho de la agenda de gobernación del estado federal. Recomendó armonizar la legislación y normatividad a nivel nacional con la Convención, reiterando la necesidad de tipificar como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, en particular, contra los personas indígenas y afrodescendientes en México.
 
El CERD indicó que a pesar de que el Estado mexicano tiene una institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural. Reparó, además, en la falta de información sobre el verdadero impacto y resultado de dicha institucionalidad. Por ello, invita al Estado mexicano a determinar métodos de medición de resultados de la implementación de políticas públicas que le permitirán evaluar el alcance de su institucionalidad y la toma de dichas medidas, inclusive por medio de indicadores de derechos humanos.
 
En la nueva etapa a la que entrará el país y la agenda a desarrollar, resulta fundamental que las autoridades federales y estatales y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se preocupen en diseñar planes de gobierno que contribuyan a construir un México en donde ser o no indígena no sea un obstáculo para la igualdad de trato, de las oportunidades y para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
 
El Estado mexicano sigue desafiado a tomar medidas para eliminar la discriminación estructural e histórica y, en la actualidad, muy particularmente la discriminación múltiple, mediante políticas de inclusión social que reduzcan tanto los altos niveles de desigualdad como los niveles de pobreza y extrema pobreza. Sólo así será posible garantizar plenamente los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a los servicios básicos y a la alimentación de las y los indígenas y de todos las y los mexicanos. En este mismo sentido, es vital siempre valorar y respetar su pertenencia cultural y promover consultas con los pueblos ante las distintas iniciativas del Estado que puedan afectar su presente y futuro inmediatos.