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Indígenas: importante agenda

Mujer adulta mayor e indígena, con rebozo en la cabeza - Foto: Antonio Saavedra.
Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
 
Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como país, contamos con un marco legal más sólido para la protección de los derechos indígenas, con mayor institucionalidad, más presupuesto y con una más efectiva incorporación de las necesidades de este grupo de población a programas públicos. Sin embargo, aún es enorme la desventaja existente respecto a la población no indígena en indicadores relacionados con derechos sociales, políticos, económicos y civiles. Esta desventaja es expresión de una discriminación de siglos, normalizada, que incluso forma parte de la cultura y de las formas de organización y reproducción que hemos construido y que aceptamos como sociedad. Es una dura realidad que no está sólo en las cifras, sino que se mira en los rostros, en los proyectos de vida, los niveles de desarrollo, las posibilidades de futuro.
 
En esta nueva etapa para el país es fundamental que en el diseño de los planes de gobierno, tanto federales como estatales y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, contribuyan a construir un país en donde ser o no indígena no constituya un obstáculo para la igualdad de trato, de oportunidades y para el ejercicio de derechos. Una agenda que además se fundamenta ya en la reforma constitucional del 2011, a través de la cual se definen como eje los derechos humanos, se establece la obligación de todas las autoridades de respetarlos y garantizarlos, se incorpora el principio pro persona, y se elevan a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por México, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.
 
En marzo pasado México se presentó a ser evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que vigila la implementación de la Convención antes mencionada. Las recomendaciones emitidas por el CERD constituyen una agenda que debemos cumplir y que resumo muy brevemente: El CERD reconoció que en México se ha desarrollado un marco institucional para combatir la discriminación racial, pero ésta sigue una realidad estructural. Por ello recomendó fortalecer esa institucionalidad, medir los resultados a través de indicadores de derechos humanos y ampliar el combate hacia las conductas discriminatorias y xenofóbicas. En particular emitió recomendaciones para asegurar plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en todas las instituciones de toma de decisiones públicas, y en relación a indicadores de desarrollo humano, de pobreza, de salud, de educación y de medio ambiente, entre otros.
 
En materia legislativa la agenda es amplia. El CERD reconoció grandes avances y expresó preocupación de que la legislación que afecta a los pueblos indígenas varía mucho entre entidades federativas, y que las políticas en gran medida de la agenda federal. Recomendó armonizar la legislación y normatividad a nivel nacional con la Convención, tipificar como acto punible la discriminación racial, reformar la ley federal contra la discriminación y legislar en materia de consulta indígena.
 
En materia judicial el CERD reconoció la aplicación del sistema de usos y costumbres, particularmente en la elección de representantes locales, y exhortó a respetar los sistemas de justicia de los pueblos indígenas según la normativa internacional de derechos humanos, así como a garantizar el acceso pleno de las personas indígenas a servicios de interpretación culturalmente apropiados vía los defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingües en los procedimientos judiciales. El CERD también expresó preocupación por el número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos que involucran personas indígenas.

Debemos cobrar conciencia que la agenda en materia indígena no es sólo para un grupo de población. Es un rumbo para un país que opta intencionadamente por la democracia, que rechaza las profundas desigualdades que vive, que mira un horizonte de convivencia multicultural y que quiere vivir según las reglas que se ha impuesto.
 
Columna publicada en el diario El Universal. 9 de agosto de 2012.