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Discriminación racial: obstáculo para el acceso a derechos en igualdad de todas las personas

Izquierda: joven mujer afrodescendiente; derecha: mujer wixárika.
México, D.F., 20 marzo 2013.- En el marco de la conmemoración del 21 de marzo como el Día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) resalta la importancia de que el Estado mexicano actúe para solventar las recomendaciones emitidas el año pasado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, en específico la 10 y 17, que se refieren al reconocimiento y visibilización de la población afrodescendiente en México y al derecho a la consulta de la población indígena.
 
Esta conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en memoria de 69 personas asesinadas por la policía cuando realizaban una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, contra las leyes del Apartheid, al proclamar este Día en 1966, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
 
La importancia de insistir sobre la eliminación de esta forma de discriminación radica, como lo establece la ONU; en que “es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades”.
 
México ratificó, desde 1975, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), tratado que desde 2011 tiene rango constitucional. Como parte del proceso de cumplimiento de dicha Convención, en el mes de febrero de 2012 el Estado Mexicano –cuya delegación encabezó el Conapred, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)- sustentó ante el Comité de Naciones Unidas sobre Discriminación Racial (CERD) sus informes 16° y 17º sobre los avances y retos en esta materia.
 
El 9 de marzo del año 2012, el CERD de las Naciones Unidas emitió sus observaciones al Estado mexicano, cuyo cumplimiento deberá reportarse en el decimoctavo a vigesimoprimer informe periódico, que tiene fecha de presentación a más tardar el 22 de marzo de 2016. Además, el CERD solicitó recibir información anticipada (en 2013), sobre el curso dado a dos recomendaciones que se refieren a la población afrodescendiente –generación de información estadística, consideración de su reconocimiento étnico y la adopción de programas para la promoción de sus derechos-, y a la de pueblos y comunidades indígenas –en particular sobre el derecho a la consulta, para que éstas se realicen de forma efectiva en proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales que les puedan afectar, la intensificación de mesas de diálogo en donde exista interlocución entre actores gubernamentales y los pueblos indígenas y que los traslados se hagan conforme a los estándares internacionales-.
 
Necesario combatir la invisibilización de la población afrodescendiente y su falta de acceso a derechos: CERD
En relación a la recomendación 10 del Comité al Estado mexicano que a la letra dice: “El Comité toma nota con preocupación que, a pesar de reiteradas recomendaciones y solicitudes al respecto, la situación de los afrodescendientes se encuentra invisibilizada. El Comité lamenta que, a pesar de haber solicitado información detallada sobre afrodescendientes en 2006, ésta no fue provista por el Estado parte en su informe periódico”.
Para ayudar en la solventación de esta recomendación, Conapred y el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural publicaron la Guía de Acción Pública: contra la Discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescendiente en México o, en la que se establecen una serie de propuestas que responden a pendientes del Congreso de la Unión, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como, por citar las más importantes, de la Secretaría de Educación Pública. A continuación se destacan algunas de las propuestas más importantes:
 
- Incluir a las poblaciones y culturas afrodescendientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las constituciones estatales y en las legislaciones concernientes a la pluralidad cultural y antidiscriminatoria, como componente esencial que hace de México una nación pluricultural sustentada en las poblaciones que han contribuido a su construcción y desarrollo.
 
- Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU es llevar a cabo una prueba piloto del censo de la población afrodescendiente. Se sugiere que para dar cumplimiento a ese pendiente, se cree un grupo de trabajo especializado que estudie y analice la realización de la prueba piloto con base en el contexto particular de México y elabore una propuesta adecuada. En el mismo sentido, deberá analizarse la estrategia para incluir la variable de autoadscripción y autoidentiicación para las personas afrodescendientes en el próximo Conteo de Población y Vivienda 2015 y en el Censo General de Población y Vivienda 2020.
 
- El Plan Nacional de Desarrollo debe considerar la invisibilidad en que ha vivido la población afrodescendiente, y se deben contemplar en la planeación las medidas necesarias para fomentar su inclusión en el contexto de la diversidad y multiculturalidad del país.
 
- Elaborar diagnósticos sobre la situación de las comunidades afrodescendientes en México, considerando sus características regionales, económicas, sociales y culturales, así como estudios donde se dé cuenta de los distintos tipos de discriminación y actos de racismo de que son objeto las poblaciones afrodescendientes en México.
 
- Generar información e indicadores socioeconómicos y demográficos desagregados por grupos de población que permitan conocer y evaluar el nivel de cumplimiento de los derechos y el bienestar social de las poblaciones afrodescendientes.
 
- Diseñar las políticas, programas y servicios de educación, salud, alimentación, empleo y vivienda con base en los diagnósticos sobre los problemas que viven las poblaciones afrodescendientes en el país, y observando el derecho a la no discriminación, con una actuación culturalmente pertinente y con perspectiva de género.
 
- Revisar y, en su caso, realizar modificaciones a las reglas operativas de los programas sociales del gobierno federal con el propósito de incluir como beneficiaria a la población afrodescendiente, sobre todo, cuando sus miembros comparten la situación que motiva a los programas sociales, como la pobreza, la exclusión, la marginación, etcétera.
 
- Impulsar que los congresos federal y locales generen comisiones y subcomisiones que tengan como objetivo atender asuntos relacionados con las poblaciones afrodescendientes.
 
- Sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno que toman decisiones y diseñan políticas públicas, sobre la historia, cultura y problemas de la población afrodescendiente y del racismo en su contra.
 
- Declarar un día nacional dedicado a la conmemoración de las poblaciones afrodescendientes en México, con la finalidad de revalorar la contribución que este sector ha hecho al desarrollo económico, social, político y cultural del país.
 
- Incluir en los libros de textos de primaria, secundaria y en general en la educación media y superior la historia de las y los africanos y afrodescendientes en México; en especial, elaborar textos sobre el tema en los estados de la República con mayor presencia de población afrodescendiente, describiendo las características de sus culturas y los aportes que han hecho a la cultura mayoritaria.
 
- Realizar campañas de sensibilización, información y difusión en los medios masivos de comunicación acerca del pasado y presente de las poblaciones afrodescendientes en México y en contra del racismo hacia ellas.
- Elaborar un código deontológico sobre la no discriminación para los medios de comunicación que aborde la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales en el Estado.
 
- Promover que en el deporte nacional, se eliminen las conductas y expresiones de racismo en contra de deportistas afrodescendientes.
 
- Invitar oficialmente a nuestro país a la Relatoría Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y al Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU y a la Relatoría sobre los Derechos de Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la OEA.
 
- Invitar al Comité Científico Internacional del proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO con el fin de apoyar y difundir las actividades de investigación, educación y divulgación en torno a las poblaciones afrodescendientes en México.
 
-Difundir y adoptar las medidas para dar cumplimiento a las declaraciones y compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano a favor de las personas afrodescendientes, contenidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en la Declaración y Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001, Durban, Sudáfrica), en la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional Intergubernamental de las América (2000, Santiago, Chile), entre otras.
 
Caso Wirikuta: ejemplo de la falta de instrumentos para garantizar derecho a la consulta
Uno de los casos de discriminación racial que cobran relevancia en nuestro país es la violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ya que a 20 años transcurridos de que el Estado mexicano firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), aún no existen mecanismos ni procedimientos legales que instrumenten el derecho a la consulta previa en México.
 
Si bien es cierto que este derecho está reconocido en el artículo 2, fracción IX de nuestra Constitución, dicho precepto está muy limitado y acotado a comparación de lo que establecen los instrumentos jurídicos internacionales y el derecho comparado.
 
Sobre el tema de la consulta indígena en materia legislativa, cabe precisar que durante la Legislatura pasada del Congreso de la Unión, es decir, la LXI, se presentaron diversas iniciativas cuyo objetivo principal fue la regulación de esa temática. Concretamente se tienen identificadas la del entonces senador Andrés Galván Rivas, que propone la Ley General del Sistema de Consulta Indígena, y la del también entonces diputado Teófilo Manuel García Corpus, que propone la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, diferenciándose entre ambas por su ámbito de competencia , es decir, federal una y general la otra.
 
Sin embargo, ninguna de las dos logró avanzar en su proceso legislativo, quedando como un pendiente para esta nueva Legislatura; la aprobación de una ley de consulta indígena significaría un avance en el cumplimiento de la recomendación número 17 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
 
Como un ejemplo concreto de la necesidad de esta legislación observamos la imposición de megaproyectos en tierras y territorios de Pueblos Indígenas que han afectado la vida y los sustentos de los pueblos y comunidades, particularmente en el caso de las empresas mineras.
 
Uno de los casos más emblemáticos relacionados con la violación del derecho a la consulta, es la situación que vive el pueblo indígena Wixárika de Jalisco y Nayarit, sobre el territorio sagrado de Wirikuta, el cual es considerado uno de los sitios sagrados más importantes en el mundo y que es uno de los centros de peregrinación y oración indígena del pueblo Wixárika, quienes han tenido que enfrentar una intensa lucha desde febrero de 2008 por el reconocimiento de sus derechos indígenas, tales como sus derechos al territorio sagrado, a la consulta, a su identidad cultural y a un medio ambiente sano, entre otros, debido a la ejecución de varios proyectos mineros, principalmente el de extracción de oro llevado a cabo por empresas mineras extranjeras.
 
Sobre este asunto se determinó que varias autoridades violaron en perjuicio del pueblo Wixárika sus derechos humanos colectivos a la consulta y participación, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la protección a la salud. En dicho caso existió la ausencia de consulta en los procedimientos de otorgamiento de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía.
 
Es de hacerse notar que el Estado mexicano está obligado, constitucional y convencionalmente, a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos especiales y a través de sus instituciones representativas, sobre los actos legislativos o administrativos que puedan afectarlos directamente con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado, todo ello en términos de los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de los Pueblos Indígenas de la OIT.
 
Si bien es cierto que en el marco jurídico nacional, particularmente en la Ley Minera y su Reglamento no se contempla procedimiento alguno para incluir la consulta a los pueblos indígenas en relación con concesiones que puedan afectar sus derechos, también es cierto que las autoridades que otorgan cualquier tipo de concesiones que afecten derechos indígenas, están vinculadas por la Constitución y normatividad internacional en su actuar, sin embargo, la ausencia de un marco normativo aterrizado del Convenio 169 hacen que el derecho a la consulta en México sea aún una realidad no alcanzada.
 
Casos como el anteriormente planteado se repiten con frecuencia en nuestro país, donde un grupo en situación de discriminación, como lo son los pueblos indígenas, no son tomados en cuenta en las decisiones, concesiones y actos de autoridad que tienen un impacto negativo en el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es por lo anterior, que es necesario hacer diversas reformas legales que garanticen la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de actividades o actos que puedan atentar contra sus derechos a través de un procedimiento de consulta previa y efectiva; las reformas necesarias para legislar el derecho a la consulta previa, se identifican a continuación:
 
Primero: reforma constitucional en materia de consulta previa, la cual establezca el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidad indígenas, no sólo en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, sino en todos los casos en que la medida legislativa y administrativa sea susceptible de afectarles de alguna manera y exigir el consentimiento previo, libre e informado en aquellos casos en donde el proyecto ponga en riesgo los territorios y subsistencia de los pueblos indígenas.
 
También es necesario reformar la Ley de Minera para incluir a los pueblos indígenas que no son mencionados en ningún momento en ella. Esta situación se registra también en el resto de las leyes que determinan las posibilidades de participación de los pueblos indígenas en los proyectos de mineros. En la práctica, los pueblos indígenas cuentan con escasos recursos jurídicos para defender su derecho a la información, consulta y decisión en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo.
 
Asimismo, es necesario modificar la Ley Minera para exigir el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en donde se pretendan realizar actividades extractivas, sobre todo cuando se trata de minería a cielo abierto, por las consecuencias ambientales y en los territorios que la actividad minera puede traer consigo.
 
En relación a la Ley General o Federal de consulta a los pueblos indígenas, se propone avanzar en la aprobación de una ley federal o general sobre derecho a la consulta de los pueblos indígenas, incorporando las características, procedimientos y principios que han sido manejados por la legislación internacional, aprovechar el proceso que ya se ha iniciado desde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura pasada.
 
Adicionalmente a la reformas anteriormente propuestas, es de vital importancia observar que dichos pueblos en ocasiones ven vulnerados sus territorios por externalidades u omisiones, principalmente por actividades industriales y comerciales que ocasionan deforestación y erosión ambiental debido a la explotación de recursos naturales, por lo que también resulta necesario reformar la legislación en materia ambiental y de recursos naturales, en la cual se prevea el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, su derecho al territorio y la inclusión de preceptos legales en la materia que protejan a ese grupo en situación de discriminación en específico.
 
En México aún no hay un reconocimiento en todos los ámbitos de nuestra propia diversidad; en 1992 se reformó la Constitución para establecer que somos una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; pero la población afrodescendiente no fue considerada como parte de los cimientos de nuestra nación, lo que ha limitado el reconocimiento de sus derechos específicos.
 
A partir de la reforma constitucional, la diversidad cultural y étnica se incorporó como un eje de la política pública y se crearon instituciones y programas para su protección y promoción. Sin embargo, esos esfuerzos no han permeado aun en la cultura social, lo que nos hace concluir que todavía se requiere de mucho trabajo en materia de política pública y en la construcción de relaciones sociales más democráticas y tolerantes de lo diferente.
 
Para ello, es imprescindible construir una mirada sobre la diversidad cultural como un rasgo ligado intrínsecamente a la dignidad humana y a los derechos humanos, particularmente a los derechos culturales, tales como la libertad de expresión, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico. Como establece la propia Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, defender la diversidad cultural supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.
 
DATOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO (ENADIS) 2010 RELACIONADOS CON DISCRIMINACIÓN RACIAL
 
- 23.3% de nuestra población no estaría dispuesta a compartir casa con personas de otra raza.
- 64.6% de las personas en México se consideran a sí mismas morenas.
- 54.8% afirma que a la gente se le insulta por su tono de piel.
- 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su tono de piel. (17.8% de nivel socio económico muy bajo)
- 4 de cada 10 personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel.
- Los motivos por los que las y los jóvenes sienten que sus derechos no han sido respetados son no tener dinero (31%), la apariencia física (24%), la edad (23%) y el sexo (23%).
- Mujeres y hombres tienden a identificarse con tonos de piel más claros.
- El 36.5% de los jóvenes piensa que no ha sido aceptado (a) en los empleos disponibles por una preparación insuficiente, el 32.7 % cree que debido a su apariencia y el 30.7% cree que por la inexperiencia.
- En general, el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación (19.5%); seguido de la pobreza (9.4%) y el apoyo del gobierno (8.8%). Además, consideran que la lengua (6.8%) es otro problema principal.
- Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico (39.1%) consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas que no pertenecen a ningún grupo étnico para conseguir trabajo.
- Tres de cada diez (33%) personas que pertenecen a un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno.
 
Fuente: Conapred.