Antecedentes

El 20 de febrero de 1975, México ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD por sus siglas en inglés) y reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) el 15 de marzo de 2002 para recibir y examinar quejas individuales (de personas o grupos de personas) que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos estipulados en la Convención. Por lo tanto el Estado mexicano está obligado al cumplimiento de sus disposiciones, a través de diversas acciones que garanticen el cumplimiento de este instrumento.

Hasta el momento México ha presentado 11 informes periódicos, cuatro de ellos consolidados, y dos informes complementarios ante el Comité. El Conapred junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezaron en 2012 la última sustentación de los informes periódicos consolidados 16° y 17°.

El 12 de marzo de 2012  el Comité emitió sus Observaciones Finales más recientes al Estado mexicano (CERD/C/MEX/CO/16-17), este documento está compuesto por un total de 16 recomendaciones en materia de salud, educación, participación política, seguridad, sistema jurídico indígena, acceso a la justicia, derecho a la consulta, legislación y políticas públicas. Estas recomendaciones refieren a aspectos generales sobre el tema de discriminación racial, como la necesidad de tipificar la discriminación racial, la necesaria reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para incorporar el término de discriminación racial en ella, recomendación que fue cumplida con la reforma a la ley publicada el 20 de marzo de 2014. En cuanto a grupos de población se refiere en sus recomendaciones mayormente  a pueblos y comunidades indígenas, pero también se incluye a la población afrodescendiente y migrante en México.