Transcripción

NORA PATRICIA JARA, CONDUCTORA: Vamos a escuchar ya la participación de Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, que hoy nos habla sobre esta Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que envió el ejecutivo al Congreso. Buenos días Ricardo Bucio, adelante.

RICARDO BUCIO MÚJICA, PRESIDENTE CONAPRED: Que tal muy buen día, muy buen día Nora Patricia, y a toda la audiencia también.

Pues sí, como sabemos, la semana pasada, el Presidente de la República envió una iniciativa preferente al Senado de la República, una iniciativa de Ley General de Protección a Niños Niños y Adolescentes, esta semana se ha discutido con diversos sectores, con el Gobierno Federal, instituciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos de Naciones Unidas, también instituciones públicas dedicadas a la protección de derechos, se ha discutido el contenido con los senadores y senadoras, que son responsables de seis comisiones que en el Senado van a hacer el dictamen.

Yo quisiera comentar que esta iniciativa me parece que llega en un momento que tiene una gran oportunidad y que tiene una gran dificultad, y la oportunidad consiste en que México partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, tiene hoy día el mejor marco de protección de derechos y de reconocimiento de derechos con los tratados internacionales además, con rango constitucional, el mejor estatus digamos, que ha tenido en su historia en términos de modificar esta relación entre estado y ciudadano, no un estado que otorga derechos y/o garantías a la sociedad, sino un estado que reconoce todos los que esta tiene y se obliga legalmente a cumplirlos.

Ese es el marco en el que llega, un marco inmejorable para poder tener una muy buena Ley General de Protección a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero también, llega en un momento en que justo después de esta reforma que se dio en el año 2011, el marco legal que hay en nuestro país, no la constitución, sino todas las Leyes Secundarias, sean generales, sean federales, estatales, normas locales, todas estas me parece, los códigos civiles, los códigos de procedencia administrativos, toda esta serie de normatividad que rige las relaciones entre el estado y ciudadanía, entre ciudadanía, entre sí en el país, está con una perspectiva, en principio, sino contraria, no adecuada a los derechos humanos, porque es una legislación que en su mayoría se hizo en décadas anteriores, se hizo con otra perspectiva, no se hizo centrando la necesidad de que el estado garantice los derechos humanos, sino en administrar servicios, en otorgar subsidios, en organizar la atención de los asuntos públicos, pero no para garantizar derechos humanos.

Y además se hizo, quizás la otra parte más compleja, se hizo toda esta, todo este entramado normativo, el entramado legal, con una mirada adultocéntrica, es decir, no centrando la necesidad que tienen todos los grupos de población según su rango de edad, entre otras muchas condiciones, si no, son leyes, digamos, no sólo hechas históricamente por adultos, sino pensadas desde lo adulto, pensadas incluso para adultos, como si desde la perspectiva de que los adultos, las personas adultas funcionaran bien en el sistema social, tuvieran todos los requerimientos necesarios para desarrollarse, para acceder a bienes, a servicios, a seguridad, a salud, eso haría como tal que funcionará todo el sistema social centrado en la familia, y esto redundaría en un beneficio directo para niños y niñas.

El paradigma ha cambiado, sabemos que cada grupo de población tiene, no sólo derechos, sino tiene necesidades y condiciones distintas para poder ejercerlos y esto es justamente el reto que tiene hoy día esta iniciativa que se discute en el Senado, que aunque no va a resolver de ninguna manera, no es posible para una sola ley, tanto el reconocimiento como la garantía de derechos para este sector de población, para 40 millones de personas que en México tienen entre cero y 17 años, sí sea, sí sirva como un detonante, sí ayude, además, a tener una perspectiva general, porque hoy día cada estado de la República tiene su propia legislación y puede ser tan diferente como se pueda pensar, ayudaría a tener una visión común sobre cómo reconocer, garantizar estos derechos, a ver cuáles son, y también atender fenómenos muy complejos, como son los de la discriminación interseccional, la discriminación múltiple, cuando coinciden varias condiciones, situaciones de la persona que dificultan mucho más que para otras el acceso a la salud, a la educación, a la participación ciudadana, a la participación política, al ejercicio de cualquier derecho, inclusive el derecho a la recreación, el derecho a vivir en un espacio familiar, a la seguridad, a la protección.

Éstas son condiciones como edad y migración: niños, niñas migrantes; migración y género; condición indígena y discapacidad: las niñas con discapacidad indígenas; las niñas, niños, que viven en una situación de calle, las poblaciones callejeras, que hay prácticamente en todas las ciudades del país; la población de niñas que tienen, y niños que tienen algún requerimiento especial por vivir en espacios residenciales alternativos, en casas hogar, en internados, en organizaciones de la sociedad civil, o por alguna situación también fuera de su familia; los niños migrantes no acompañados; los niños, niñas, jornaleros agrícolas; los niños trabajadores, etcétera.

Hay una gran cantidad de condiciones que se tienen que tomar en cuenta. Que una ley contemple todo es imposible, pero que una ley, sobre todo, pueda modificar todo un entramado legal que está subsistiendo y que regula hoy día en la práctica las relaciones del Estado con este sector de población, es muy complicado, pero es un enorme reto que ya comenzó, ahí está la iniciativa, hay una disposición, me parece, muy importante al diálogo del Senado de la República, donde han participado también, aunque no es un trabajo formalmente conjunto, han participado también diputados y diputadas, y esperemos que este mes, que tiene este proceso de tiempo límite en el Senado, y el próximo mes en la Cámara de Diputados, sea lo más enriquecedor posible y sí sea un detonador efectivo para modificar esta perspectiva.

Los niños y las niñas no son apéndices de los adultos, no son personas incompletas, ellos requieren todos los derechos, no sólo requieren los derechos que los padres creamos, las madres, que necesitan: educación, salud, protección; tienen otra enorme cantidad de derechos y libertades y el sistema social, el sistema político como tal debe ser el primer detonador para ello.

NORA PATRICIA JARA: Aquí el asunto entonces va a recaer en lo que pueda hacer el Legislativo, Ricardo Bucio, en el sentido de que sí ha habido míticas, incluso por parte de representantes de la Unicef, sobre el contenido de la iniciativa. Pero, bien dices, puede ser un detonante para abrir el debate y la discusión y que el Legislativo haga su trabajo, pueda alimentarla y actualizarla, si hay cosas que todavía quedan en rezago.

RICARDO BUCIO MÚJICA: Claro, a mí me parece que la iniciativa tiene puntos a mejorar, puntos a completar, perspectivas también del diseño institucional que pueden tener una visión más amplia de articulación entre los sectores, incluso proponer la obligación de modificar otras leyes, como artículos transitorios de esta iniciativa general, los códigos civiles, en principio, sin duda, de todos los estados del país. 

Pero creo que tiene los elementos centrales de reconocimiento de derechos que necesita tener una ley de este tipo, esta parte de reconocer que todos los derechos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales tienen que garantizarse para niños y niñas, parte de la perspectiva de los dos grandes principios que ha puesto la reforma en derechos humanos, no directamente, pero es tanto el principio pro persona como el de interés superior de niños, niñas y adolescentes, y también de la necesidad de tener esta visión general de la totalidad del Estado mexicano, en los tres poderes, en los tres órdenes de Gobierno, y de crear para ello un sistema nacional de protección a los derechos de niños, niñas, que, sin duda, en su diseño puede mejorarse, pero me parece que los elementos centrales están ahí y que el trabajo del Senado y después de la Cámara de Diputados la mejorará sustancialmente.

NORA PATRICIA JARA: Gracias, Ricardo Bucio, muy buenos días y buen fin de semana, también.

RICARDO BUCIO MÚJICA: Muchas gracias, igualmente.

NORA PATRICIA JARA: Gracias.