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2020 - 021. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los grupos discriminados y alternativas de atencin

Ciudad de México, 08 de mayo de 2020

Pronunciamiento Asamblea Consultiva del Conapred 021/2020

El pasado 27 de febrero, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de SARS-Cov-2 en territorio nacional, causante de la enfermedad COVID-19. Frente a lo que la Organización Mundial de la Salud identificó como una pandemia, el Gobierno de México inició el 23 de marzo una Jornada Nacional de Sana Distancia y acordó la reducción, a partir del 31 de marzo, de las actividades públicas, privadas y sociales a las esenciales.

Estas medidas, que son razonables y proporcionales para mitigar la pandemia, tienen afectaciones diferenciadas en poblaciones históricamente discriminadas que acumulan precariedad laboral, rezago educativo y pobreza.

Quedarse en casa y limitar las interacciones a las que pueden realizarse con sana distancia es un privilegio, no una actividad que todas las personas están en las circunstancias apropiadas para cumplir. Muchas personas y sus familias en México no pueden permanecer en casa por períodos prolongados porque sus ingresos dependen del empleo diario, porque no pueden trabajar a distancia o porque quienes les emplean no les permiten esa opción.

Sin duda, hay que reconocer el enorme esfuerzo de más de la mitad de la población que, según datos oficiales, ha disminuido significativamente su movilidad; pero no se debe perder de vista que no todas las personas podrán lidiar con los efectos económicos de la misma manera y que muy probablemente su futuro sea una mayor precariedad laboral, desempleo y pobreza.

Aunque el SARS-Cov-2 puede afectar a cualquier persona, sus consecuencias pueden ser peores si se es parte de un grupo discriminado. El contexto de desigualdades estructurales que margina a estas poblaciones aumenta la probabilidad de que enfermen de gravedad e, incluso, pierdan la vida.

La Asamblea Consultiva del CONAPRED desea contribuir a una reflexión colectiva sobre este contexto en dos sentidos: haciendo un recuento de las prácticas discriminatorias que se han presentado durante este contexto y, también, señalando posibles rutas de acción inmediatas para reducir las afectaciones a la economía y seguridad humana de las poblaciones históricamente discriminadas.

Esta Asamblea Consultiva expresa su preocupación por las prácticas discriminatorias constantes que se han producido en el contexto de la pandemia:

No toda la información sobre prevención, medidas de higiene y distanciamiento social para evitar el contagio, así como sobre la naturaleza de la enfermedad, sus síntomas y opciones de atención médica, se encuentra disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad, en lenguas indígenas y con pertinencia cultural.

En los centros laborales se ha obligado a que las personas, incluso con condiciones individuales de riesgo, sigan trabajando; las maquilas en el Norte del país y muchas industrias no esenciales siguen obligando a las personas trabajadoras a laborar presencialmente; a otras se les ha disminuido o suspendido el salario; también se ha despedido a quienes pertenecen a los grupos con más probabilidades de presentar síntomas graves de COVID-19.

Las personas que trabajan en el sector informal, que no cuentan con un ingreso fijo o que carecen de acceso a la seguridad social, han sido injustamente responsabilizadas y estigmatizadas por el incremento del contagio por no poder quedarse en casa, ignorando o menospreciando su precariedad laboral y económica.

Las personas con obesidad, diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas han sido estigmatizadas por la posibilidad de presentar las formas más graves de la enfermedad, obviándose el hecho de que México experimenta una epidemia de trastornos alimenticios que es consecuencia de la pobreza, la falta de acceso a servicios médicos de prevención e información nutricional clara y accesible.

Las escuelas han establecido clases virtuales y sesiones de acompañamiento a distancia a partir del supuesto de que todas las personas cuentan con computadora, teléfonos móviles o tabletas electrónicas, acceso a internet, y condiciones habitacionales apropiadas para estudiar en casa; o que la educación en línea es universalmente disponible, sin que se hayan tomado medidas compensatorias para ayudar a los grupos que carecen de estos recursos (por ejemplo, personas con discapacidad, de zonas rurales, de comunidades indígenas o quienes se sitúan en la brecha digital).

Los establecimientos comerciales que ofrecen productos esenciales han adoptado, en cumplimiento a disposiciones locales, restricciones de horario y acceso general para personas mayores, mujeres embarazadas, personas con niñas y niños a su cargo, sin tomar en cuenta las afectaciones que estas medidas pueden causar para el acceso a alimentos y medicinas.

El personal médico, de enfermería y administrativo de los centros de salud y hospitales, que ha sido identificado como tal, ha recibido hostigamiento, insultos, amenazas y agresiones en algunas comunidades, en el transporte o la vía pública, o incluso en sus propios hogares, lo cual dificulta que puedan cumplir con su trabajo de manera segura.

Las personas con síntomas de la enfermedad o diagnosticadas con el virus, así como sus familias y quienes les cuidan han sido discriminadas, exhibidas, insultadas o agredidas en sus trabajos, comunidades o incluso en sus propios hogares.

Las mujeres han experimentado una sobrecarga aún mayor del trabajo doméstico y de cuidados que realizan en relación con niñas y niños, personas mayores, con discapacidad o quienes han enfermado, que se suma a la -ya conocida- distribución inequitativa de género en estas tareas.

Las personas mayores han sido estigmatizadas como quienes tienen las mayores probabilidades de enfermarse, tener complicaciones en su salud y necesitar recursos de medicina crítica, lo que ha dado a algunas personas jóvenes la falsa sensación de seguridad e inutilidad de las medidas de sana distancia.

Las personas privadas de su libertad, en hospitales psiquiátricos y otros espacios terapéuticos o quienes se encuentran institucionalizadas por edad o discapacidad, han sido más susceptibles al contagio o la enfermedad por causa del confinamiento y de las restricciones en el acceso a la información y medidas para el autocuidado, así como a los diagnósticos y tratamientos médicos oportunos.

Las y los migrantes han sido colocados en situación de mayor precariedad, fuera de las estaciones migratorias sin garantía de acceso a la alimentación, salud, vivienda y trabajo. Muchas personas migrantes retornadas no han podido acceder a sus comunidades, de las que han sido vedadas por temor a que estén contagiadas.

Las víctimas de la violencia como las poblaciones desplazadas de sus lugares de origen y las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones que integran y les apoyan. Estas últimas han tenido que interrumpir la búsqueda, procuración de justicia e interlocución con la autoridad a causa de las medidas de distanciamiento social. Estos colectivos viven precariedad laboral y económica producto del desplazamiento forzado y la dedicación a la búsqueda de sus familiares.

Las personas de la diversidad sexual o las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos han sido señaladas, desde algunos discursos discriminatorios, como causantes de la pandemia por sus formas de ser y conductas contrarias a visiones y posiciones religiosas.  

Las y los trabajadores sexuales han tenido que suspender sus actividades, desarrollarlas en condiciones de mayor riesgo o han sido expulsadas y expulsados de los hoteles donde habitualmente residen y que, a causa de su informalidad en el empleo y los estigmas en su contra, viven una aguda precariedad laboral.

Ante este aumento de prácticas y procesos discriminatorios, la Asamblea Consultiva del Conapred propone las siguientes acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia y el distanciamiento social en los grupos históricamente discriminados:

Garantizar que toda la información relacionada con la prevención, higiene, autocuidado, sintomatología, opciones de diagnóstico y tratamiento por COVID-19 sea ofrecida en formatos accesibles para personas con discapacidad, en lenguas indígenas y con pertinencia cultural.

Verificar que los programas sociales y las acciones para la recuperación económica incluyan la perspectiva de no discriminación, de tal forma que ninguna persona quede fuera y que se consideren las trayectorias de vida y los contextos particulares de desigualdad. Estas acciones deben aplicarse e informarse de manera inmediata para que los sectores informales, de menores ingresos y sin seguridad social, que constituyen la mayoría de la población en México, puedan resguardarse en sus casas sin temor a perder sus medios de vida. Considerar particularmente el apoyo económico directo a quienes tienen familiares de personas desaparecidas y las poblaciones desplazadas.  

No excluir de la posibilidad de acceder a la salud y los tratamientos médicos a ningún grupo de población, independientemente de su nacionalidad, contexto de movilidad humana o situación migratoria, género, discapacidad, condición de salud, situación familiar, embarazo, edad, ocupación o cualquier otra característica.

Establecer alianzas entre el gobierno y el sector privado para que no se excluya a nadie de la adquisición de bienes y servicios fundamentales para la vida cotidiana.

Promover que el trabajo de apoyo y cuidado se distribuya de manera equitativa en los hogares, de tal forma que las mujeres no deban asumirlo completamente ni que esto signifique una doble o triple jornada laboral.

Poner al alcance de las mujeres e integrantes de la familia -susceptibles de experimentar violencia en el hogar- los recursos para la protección, denuncia y resguardo en zonas seguras durante la pandemia, con las medidas pertinentes de autocuidado y distanciamiento social.

Adoptar acciones educativas a distancia en todos los niveles, que permitan a estudiantes, profesoras y profesores, acceder a los recursos electrónicos que facilitan el cumplimiento de la formación, profesionalización e investigación durante la pandemia.

Difundir información científica para combatir los prejuicios y estigmas discriminatorios, señalando que todas las personas son igualmente susceptibles de enfermarse, que no hay grupos de población inmunes y que el cuidado, propio y de las demás personas, es responsabilidad común.

Diseñar una estrategia de comunicación para sensibilizar acerca del valor y carácter fundamental del trabajo del personal médico, de enfermería, de apoyo y administrativo en los centros de salud y hospitales en general, sobre todo en aquellos que atienden a pacientes con COVID-19 y sus familias.

Contar con información desagregada y con perspectiva interseccional acerca de los riesgos para la salud, además de por edad, embarazo y condiciones de salud crónicas, por ocupación, condición étnica y afrodescendencia, orientación sexual, seropositividad, presencia y tipos de discapacidad, entre otros, que permitan conocer y documentar las afectaciones diferenciadas por grupo social y las posibles prácticas discriminatorias.

La Asamblea Consultiva del Conapred

Mariclaire Acosta Urquidi. Presidenta de la Asamblea Consultiva

Integrantes: Elena Azaola Garrido; Marcelina Bautista Bautista; Miguel Concha Malo; Sarah Corona Berkin; Mario Luis Fuentes Alcalá; Amaranta Gómez Regalado; José Antonio Guevara Bermúdez; Carlos Heredia Zubieta; Mauricio Meschoulam; Pedro Sergio Peñaloza Pérez; Haydeé Pérez Garrido; Diego Petersen Farah; Jacqueline Peschard Mariscal; Patricio Solís Gutiérrez; Leticia Bonifaz Alfonzo; Jessica Marjane Durán Franco; Carlos Puig Soberón; Estefanía Vela Barba.

Invitadas e invitados honorarios: Katia D´Artigues Beauregard; Mauricio Merino Huerta; Regina Tamés Noriega y Ricardo Miguel Raphael de la Madrid.