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Población callejera no heterosexual, sector que padece doble discriminación: experto

Icono Diversidad Sexual
México, D.F., 11 septiembre 2012.- La población callejera compuesta por hombres que tienen sexo con hombres así como por mujeres sufre doble discriminación por parte del personal del sector salud y judicial debido a su orientación sexual y género, destacó Luis Enrique Hernández, director de la organización civil El Caracol.
 
El especialista quien participó en el foro de análisis denominado Perspectivas del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF): una mirada crítica desde las organizaciones civiles, destacó que en lo que respecta al capítulo 26 del proyecto –que reconoce a las poblaciones callejeras como personas con derechos plenos-, el gobierno de la ciudad hasta el momento no ha sido garante de los derechos de la población en situación de calle.
 
En su ponencia Derechos de las Poblaciones Callejeras reiteró que el programa “no sólo está estancado sino está provocando mucha frustración en quienes le apostamos desde el desarrollo del propio diagnóstico”. Apuntó que uno de los retos consiste en revisar las prácticas discriminatorias con las poblaciones callejeras, “donde muchas veces la no garantía de sus derechos es tema de vida o muerte”.
 
Tras participar en el evento organizado por el Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa, Enrique Hernández, mencionó que aunque no tienen un número exacto de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTI) que vive en las calles, sí han ubicado a personas quienes son víctimas de la doble discriminación por su orientación sexual y por ser población callejera.
 
“El tema es delicado, hasta el momento no hemos detectado un gran número de población, sabemos que los chavos que viven en las calles usan la violencia como una herramienta para defenderse y no expresan abiertamente ser personas de la diversidad sexual, esto por cuestiones de sobrevivencia. Sin embargo, en las entrevistas que nuestra organización les ha aplicado muchos varones manifiestan tener prácticas sexuales con otros hombres”.
 
De acuerdo con reportes de El Caracol, la prevalencia del VIH en este sector poblacional es muy baja. Hace dos años aplicaron un total de 27 pruebas rápidas de detección del virus, ninguna fue positiva. Actualmente sólo tienen registrada a una mujer con VIH quien recibe tratamiento en la Clínica Especializada Condesa.
 
Luis Enrique Hernández dijo que la población de mujeres en situación de calle también es otro sector que padece la discriminación principalmente en los servicios médicos y judiciales. Sin proporcionar cifras, aseguró que el número de muertes maternas entre las mujeres de calle se ha incrementado por lo que actualmente elaboran un diagnóstico para conocer de manera detallada este problema.
 
“Hemos documentado casos como el de una chica llamada Susana quien murió de preeclampsia –complicación médica del embarazo-, porque personal del Hospital de la Mujer y del Hospital Gregorio Salas le negaron atención. Ella murió a las cuatro de la mañana afuera de este último”.
 
Aseveró que en los casos de maltrato verbal y físico a diversas mujeres en situación de calle, personal médico y enfermeras les exigen soportar el dolor de parto puesto que “lo buscaron por promiscuas y en el caso de delitos sexuales en las dependencias judiciales, la discriminación hacia ellas es brutal”.
 
El activista calificó de “desafortunado” el trato proporcionado a las poblaciones que viven en las calles pues atenderlas muchas veces “es la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló al participar en el panel Perspectivas y retos del PDHDF: Grupos de población altamente discriminados, en donde también participaron Carlos Cruz, de la organización Cauce Ciudadano, con el tema de poblaciones juveniles, y Susana Hernández, del Observatorio Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual.
 
En este foro de análisis también participaron Karime Suri Salvatierra, directora ejecutiva de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, y Manuel Canto Chac, de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil, quienes consideraron que si bien este programa es el primero en el país, es necesario una revisión de las líneas estratégicas y crear mecanismos de seguimiento del programa.
 
Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Areli Sandoval, del Equipo Pueblo en Defensa por el Derecho al Agua; Andrea Cerami, del Centro Mexicano Ambiental, y Ernesto Jiménez Olín, de la Unión Popular Valle Gómez, también participaron en el evento.
 
Fuente: NotieSe.