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Discriminación Pueblos y Comunidades Indígenas

 

Icono que representa a las minorías étnicasSegún datos de la Encuesta Intercensal 2015, 7.2 millones de mexicanas y mexicanos hablan una lengua indígena y casi 25.7 millones (21.5% de la población nacional) se identifican como indígenas.

Las comunidades que estas personas forman enfrentan una situación de discriminación estructural. En principio, han sido históricamente relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la justicia y el empleo.

Los estereotipos que asocian a las comunidades indígenas con la pobreza o con falta de disposición y capacidad para trabajar han reforzado esta exclusión, tanto en lo público como en lo privado.

Así, quienes pertenecen a una comunidad indígena tienen, por ejemplo, menor probabilidad de contar con suficientes recursos para su formación académica (o extracurricular) o menos facilidades para adquirir un crédito.

Como resultado, los pueblos indígenas enfrentan importantes obstáculos en el goce de sus derechos. Según el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, las políticas públicas en materia de atención a las comunidades y pueblos indígenas tienen el objetivo de impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y acceso a la justicia; mejorar su alimentación, educación y salud; proveer a las comunidades de infraestructura y servicios; mejorar sus ingresos; fortalecer la planeación participativa, y preservar sus culturas en tanto patrimonio nacional.

Algunos esfuerzos han buscado disminuir la discriminación hacia este sector de la población. Sus derechos están reconocidos en el artículo 2° de la Constitución, las constituciones estatales, las leyes generales de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de Desarrollo Social, así como las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión Nacional para el Desarrollo 2 de los Pueblos Indígenas.

Se han creado programas sociales focalizados cuyas reglas se ha intentado adecuar, y se han establecido protocolos para la atención a derechos colectivos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Sin embargo, la exclusión presupuestaria persiste, las instituciones de gobierno no cuentan aún con la suficiente capacidad para atender a estas comunidades, y en ocasiones la toma de decisiones ignora los intereses de los pueblos indígenas.

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