Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018
Boletín de prensa y Pronunciamiento 106/2018
A pesar de los desafíos, llaman a ofrecer respuestas humanitarias y apegadas al marco legal de respeto a los DDHH y la no discriminación.
Sostienen que la discriminación no atendida genera mayor encono social y violencia.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Asamblea Consultiva de este Consejo emitieron un pronunciamiento conjunto con una enérgica condena a declaraciones xenofóbicas hacia la Caravana Migrante pronunciadas por diversas autoridades, como el presidente municipal de Tijuana, que han sido difundidas a través de medios de información nacionales.
Tanto el Conapred como la Asamblea Consultiva consideran inaceptable que se reproduzcan prejuicios que estigmatizan y criminalizan a migrantes provenientes de Centroamérica. Asimismo, señalan que las personas migrantes que integran dicha Caravana no representan un peligro para la seguridad de México y se encuentran huyendo de situaciones de violencia.
De igual forma, ambas instancias reconocen que “la caravana representa desafíos para las localidades por las que transita y a las que llega, pero las autoridades deben ofrecer respuestas humanitarias, hospitalarias, generosas y, sobre todo, apegadas al marco legal de respeto a los derechos humanos y no discriminación”.
También señalan que la manipulación de la opinión pública a través de la desinformación representa un peligro para la paz y la convivencia democrática, y agregan que “el odio, la discriminación y la violencia que no se previenen y atienden generan una mayor confrontación y polarización social”. A continuación, se anexa el pronunciamiento conjunto del Conapred y la Asamblea Consultiva.
Pronunciamiento conjunto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y de la Asamblea Consultiva del Conapred
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Asamblea Consultiva del Conapred, condenan enérgicamente las declaraciones xenofóbicas de diversas autoridades, como el presidente municipal de Tijuana, vertidas en medios de comunicación nacionales.
Asimismo, condenan los llamados a la intolerancia y la violencia contra las personas integrantes de la caravana de migrantes de Centroamérica que han llegado a esa ciudad con el propósito de solicitar asilo en la Unión Americana.
Es inaceptable que servidores públicos reproduzcan, en contra de las y los migrantes y desplazados de Honduras, El Salvador y Guatemala, los mismos prejuicios que sirven para estigmatizar y criminalizar a las y los mexicanos en los Estados Unidos.
Las personas de la caravana migrante no representan un peligro para la seguridad del país, vienen huyendo de una grave situación de inseguridad y falta de oportunidades. No son criminales, son víctimas de la delincuencia y la falta de garantías en sus lugares de origen. No son una invasión, han caminado juntas como una estrategia de protección. No han cometido ningún delito al entrar a México, tienen derecho a recibir protección y asilo.
Llamamos la atención sobre los peligros que representa para la paz y la convivencia democrática, no la presencia de personas migrantes y en busca de asilo y protección internacional, sino la manipulación de la opinión pública con base en discursos desinformados y estereotipados, la convocatoria al odio contra las personas de la caravana, la movilización para infringirles violencia y el uso arbitrario del poder público para violentar los derechos humanos.
El odio, la discriminación y la violencia que no se previenen y atienden generan una espiral de mayor confrontación y polarización social, y en esto radica la principal responsabilidad de las autoridades públicas.
Reconocemos que la caravana representa desafíos para las localidades por las que transita y a las que llega, pero las autoridades deben ofrecer respuestas humanitarias, hospitalarias, generosas y, sobre todo, apegadas al marco legal de respeto a los derechos humanos y no discriminación. Reiteramos la necesidad de articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno de acuerdo con los más altos estándares de protección de estos derechos, que no prescriben por el origen nacional o la situación migratoria de las personas.
Finalmente, respaldamos la solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales que movilicen los recursos necesarios y establezcan de inmediato una estrategia integral para atender a la caravana de migrantes y cumplir a cabalidad con sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y la integridad física de quienes han llegado a Tijuana en busca de una opción para reconstruir y salvar sus vidas.
La Asamblea Consultiva
Mariclaire Acosta Urquidi, Presidenta de la Asamblea Consultiva
Integrantes: Dra. Elena Azaola Garrido; Dr. Miguel Concha Malo; Mtro. Santiago Corcuera Cabezut; Dra. Sarah Corona Berkin; C. Tiaré Scanda Flores Coto; Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá; Lic. Amaranta Gómez Regalado; Dr. José Antonio Guevara Bermúdez; Dr. Carlos Heredia Zubieta; Dra. Marta Lamas Encabo; Dr. Mauricio Meschoulam; Mtra. Haydeé Pérez Garrido; Dra. Jacqueline Peschard Mariscal; Lic. Carlos Puig Soberon; Mtro. Alejandro Ramírez Magaña; Dr. Pedro Salazar Ugarte; Mtra. Estefanía Vela Barba; Lic. Gabriela Warkentin de la Mora
Invitadas e invitados honorarios: Act. Roy Campos Esquerra, Lic. Katia D´Artigues Beauregard, Dr. Mauricio Merino Huerta, Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, Mtra. Regina Tamés Noriega y Mtro. Ricardo Miguel Raphael de la Madrid.