En México, dentro de la población económicamente activa (PEA) en el último trimestre de 2020 se identificaron 2.2 millones de personas –el equivalente a la población total de Querétaro– que se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son mujeres (INEGI 2020). Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo.
La mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino como parte de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres. Por ello, este es un sector particularmente invisible y estigmatizado. Las condiciones que las trabajadoras del hogar enfrentan en el empleo son difíciles. A pesar de recientes reformas legislativas todavía realizan largas jornadas de trabajo, sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones.