Las personas enfrentan numerosas barreras en el ejercicio de sus derechos a causa de su religión. Actualmente, 11 por ciento de la población nacional profesa una religión diferente a la católica. De acuerdo con la ENADIS 2017, 28 por ciento de las personas que no profesan la religión mayoritaria considera que se le ha negado sus derechos a causa de sus creencias religiosas.
De manera generalizada, las comunidades religiosas del país han manifestado ciertas inquietudes en torno a la discriminación. Destacan, por ejemplo, la constante reproducción de estigmas en torno al judaísmo (especialmente en redes sociales), así como las restricciones en el uso de indumentaria como velo o turbante para realizar trámites oficiales o bancarios. En el caso de las religiones indígenas, también se ha señalado la ausencia de respeto, por parte de figuras públicas y particulares, a lugares y prácticas sagradas.
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