Por su condición económica y social, millones de personas son excluidas todos los días de escuelas, servicios de salud, empleos y otros espacios y oportunidades que podrían mejorar sus vidas. Esta discriminación no es nueva ni exclusiva de dichos ámbitos. Históricamente, las personas en situación de pobreza han sido marginadas por familiares que no están en la misma situación, tratadas como ciudadanas de segunda clase o sin derechos en las instituciones públicas, así como vistas con desprecio en los comercios y espacios de entretenimiento, cuando no se les ha prohibido directamente el acceso.
La discriminación hacia estas personas es una práctica común, repetida, aceptada y justificada. Los criterios como el estatus, la propiedad, la comunidad de residencia, la escuela de procedencia y el origen familiar se usan constantemente para excluir a ciertas personas y preferirlas en lugar de otras. Es importante mencionar, sin embargo, que no sólo las personas con más recursos en nuestro país discriminan por razones sociales o económicas: lo hace cualquiera que crea estar por encima de las personas que considera pobres o con un estatus social “inferior”.
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