Los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes en México, que se concentran principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, forman un grupo históricamente invisibilizado incluso en la estadística nacional (hasta antes de 2015).
Las contribuciones históricas de estas comunidades han sido pasadas por alto y, tanto en las instituciones como entre la población, existen todavía diversos prejuicios, actitudes y conductas discriminatorias en su contra e incluso se suele negar la existencia de personas afrodescendientes y/o afromexicanas en el país.
Esta situación ha comenzado a atenderse con la reforma al artículo segundo constitucional, que reconoce a los pueblos afromexicanos como parte integrante de la nación. Sin embargo, hasta hoy, muy pocas entidades federativas o dependencias de gobierno incluyen a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes en la toma de decisiones que les involucran y afectan directamente. Lo anterior configura una situación de discriminación estructural.