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Celebra Conapred la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Boletín de prensa 007 / 2014.
México, D.F., 6 febrero 2014.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), agradece y reconoce el trabajo de la Cámara de Senadores, que por unanimidad  aprobó la minuta recibida de la Cámara de Diputados, reformando la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).

Con esta reforma se armoniza esta ley a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por México, y a la reforma constitucional en esta materia de junio del 2011, y se establece la obligación de los tres poderes públicos federales de diseñar e implementar medidas de igualdad, como el establecer acciones afirmativas a favor de grupos en situación de discriminación.

Además, se amplían las facultades para una eficaz coordinación de la Administración Pública Federal, y para generar información y dar seguimiento a las políticas públicas antidiscriminatorias. También se crean mejores mecanismos para evitar que la persona o institución que discrimine lo haga sin consecuencias, así como un mejor seguimiento de políticas públicas y reformas legislativas que garanticen la igualdad.

El referido dictamen, que fue presentado por la Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del Senado de la República promovió la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de esta ley, y da a este  Consejo la facultad para imponer medidas administrativas y de reparación a servidoras o servidores públicos, y a particulares cuando se comprueben actos o  conductas discriminatorias. Estas medidas son, entre otras, el restablecimiento del derecho, compensación por el daño ocasionado, amonestación pública, disculpa pública o privada y, garantía de no repetición del acto discriminatorio.

Además incorpora a SEDESOL y al INMUJERES, así como al Instituto Nacional de Migración a la junta de Gobierno de Conapred, y se detallan los requisitos para ser titular de la Presidencia de este Consejo, ampliando el periodo de tres a cuatro años para quién ocupe este cargo.

Esta reforma fortalece el marco legal en favor de la igualdad y la no discriminación, y marca un claro compromiso para las instituciones públicas de garantizar este derecho a través de políticas públicas, medidas institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de protección y defensa.