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2017 - 02. Conapred alerta sobre el contenido discriminatorio, racista y xenfobo de las recientes rdenes presidenciales en Estados Unidos

Boletín de prensa 02 / 2017

México, CDMX, 30 de enero de 2017

• Representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana -esenciales en una sociedad democrática.

• El Conapred resalta elementos especialmente preocupantes.

Conapred expresa su preocupación ante las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales en materia de seguridad y migración firmados por el Presidente de los Estados Unidos en su primera semana como mandatario, por considerar que su contenido es discriminatorio, racista y xenófobo en contra de la población migrante y refugiada –respecto a esta última con consecuencias potencialmente mortales- que alientan la comisión de crímenes de odio y trastocan la coexistencia pacífica.

Si bien la ejecución de estas ordenes requerirá, para algunos aspectos, de la erogación de recursos y su negociación con el Congreso de los Estados Unidos, su contenido representa un retroceso histórico en el reconocimiento y protección de derechos fundamentales, y la negación de los valores en que se funda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Consejo considera que las órdenes sobre “Mejoras en la Aplicación de la Seguridad Fronteriza y la Inmigración”;la relativa a “Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos” y la de “Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en los Estados Unidos", tienen aspectos de especial preocupación, entre los que se encuentran:

1. La criminalización de facto de la migración y de las personas migrantes .

2. La suspensión del Programa de Admisión de Refugiados durante cuatro meses (y su limitación a no más de 50 mil personas durante 2017), y la prohibición indefinida de la entrada de las personas refugiadas de Siria a los Estados Unidos; medida inhumana y discriminatoria por razones de origen nacional y religión, de consecuencias potencialmente mortales, que supone también la violación del Principio de No Devolución, consagrado en los tratados internacionales.

3. El bloqueo de la entrada a los Estados Unidos durante 90 días para las personas nacionales de siete países predominantemente musulmanes (Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), independientemente de su condición migratoria.

4. El trato diferenciado e injustificado en la atención de víctimas, en función del origen nacional de la persona acusada.

5. La potencial privación ilegal de la libertad y violaciones a garantías judiciales y debido proceso, en las detenciones a migrantes, en el marco de la discrecionalidad de la actuación del funcionariado de inmigración, en condiciones propicias para el perfilamiento racial. 

6. La extensión de la responsabilidad de control migratorio a la sociedad toda, incluyendo sanciones y persecución a quienes apoyen a migrantes irregulares.

7. La separación de familias a una escala sin precedentes ante el objetivo de remover a personas migrantes en situación irregular. 

Estas medidas representan una respuesta unilateral de carácter policiaco, que contribuye a reforzar estereotipos, prejuicios y estigmas en contra de las personas migrantes, alientan la comisión de crímenes de odio por xenofobia e islamofobia, debilitan la coexistencia pacífica y el tejido social.

Además, se oponen al paradigma en el que se ha desarrollado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A este respecto, no hay que olvidar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece que “toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y [...] nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial”.

Para México, esta coyuntura no solo impone la responsabilidad de encontrar medios para defender a nuestra comunidad en el exterior, sino la oportunidad de hacer reformas en las políticas públicas nacionales para construir un ambiente favorable para las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras, mediante acciones efectivas de inclusión social y productiva, y que al mismo tiempo detone los múltiples beneficios económicos y culturales de las migraciones en favor del desarrollo nacional.