Pronunciamiento de la Asamblea Consultiva 04 / 2017
México, CDMX, 03 de febrero de 2017
Quienes integramos la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) condenamos enérgicamente el contenido de las órdenes ejecutivas emitidas por el Presidente de los Estados Unidos de América la semana pasada.
Se trata de documentos profundamente discriminatorios en contra de las personas migrantes de origen latino, en particular mexicano, así como de países de mayoría musulmana, que son etiquetadas como delincuentes y terroristas, con lo que se desconocen sus importantes contribuciones a la sociedad de ese país, tanto en términos económicos como sociales y culturales.
La implementación de estas órdenes constituye un grave riesgo de separación de familias migrantes y pone en especial condición de vulnerabilidad a niñas y niños no acompañados, lo que vulnera sus derechos a la no discriminación, la protección especial de las familias y la niñez, y la prohibición de tratos crueles e inhumanos, entre otros.
Las instrucciones presidenciales firmadas el 25 y 27 de enero implican que la política migratoria, la protección internacional de personas que buscan ser reconocidas como refugiadas, la cooperación internacional para el desarrollo, entre otras políticas públicas, queden subsumidas bajo criterios de seguridad pública, fronteriza y nacional, con un tono crecientemente policiaco y discriminatorio.
A la Asamblea Consultiva de CONAPRED le preocupa en especial que el ejercicio discrecional del poder y la inobservancia del debido proceso, que constituyen el eje central de las órdenes presidenciales, implican serias violaciones a los derechos humanos, en la medida en que se llevarán a cabo detenciones arbitrarias, privación de la libertad sin mandato judicial, actos de perfilamiento racial y ataque a principios universales del Derecho Internacional.
La Asamblea Consultiva hace un llamado a todas las instituciones del Estado mexicano para estar alerta en todo momento y tomar las medidas pertinentes para enfrentar las consecuencias de dichas órdenes, tanto para nuestros connacionales que residen en aquel país como para todas las personas migrantes o que buscan protección internacional, que transitan hacia los Estados Unidos de América por la frontera norte de nuestro País.
México tiene el deber constitucional de instrumentar una política exterior encaminada a promover y proteger los derechos humanos. Por ello deberá impulsar, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, el respeto de todas las personas migrantes, así como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, en las políticas que hagan frente al terrorismo.
Para México, esta coyuntura no solo impone la responsabilidad de encontrar medios para defender a nuestros connacionales en el exterior, sino la oportunidad de hacer reformas en las políticas públicas nacionales para construir un ambiente favorable para las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras, mediante acciones efectivas de inclusión social y productiva, acordes con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular, del derecho a la igualdad y no discriminación, de conformidad con el artículo primero constitucional al mismo tiempo que detone los múltiples beneficios económicos y culturales de las migraciones en favor del desarrollo nacional.
La Asamblea Consultiva
Mariclaire Acosta Urquidi, Presidenta de la Asamblea Consultiva.
Integrantes: Dra. Elena Azaola Garrido, C., Dr. Miguel Concha Malo, Dra. Sarah Corona Berkin, Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, C. Tiaré Scanda Flores Coto, Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá, Lic. Amaranta Gómez Regalado, Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Dra. Marta Lamas Encabo, Mtra. Haydeé Pérez Garrido, Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Lic. Carlos Puig Soberon.
Invitadas e invitados permanentes: Act. Roy Campos Esquerra, Lic. Katia D´Artigues Beauregard, Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, Mtra. Regina Tamés Noriega.