Ciudad de México, 02 de mayo de 2018
Boletín de prensa 035/2018
Este 3 de mayo se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
En México, 6.6% de la población tiene algún tipo de discapacidad
A 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en México aún hay temas prioritarios que atender. En la agenda mínima relacionada con los derechos de las personas con discapacidad destaca: la armonización de leyes, reglamentos y políticas públicas con base en las disposiciones de la CDPD; garantizar la accesibilidad en espacios físicos, escuelas, transporte, tecnologías de la información y medios de comunicación, así como promover su acceso al empleo formal, entre otras.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012 el 6.6% de la población manifestó tener algún tipo de discapacidad. De ese porcentaje, 52.3% eran mujeres y 47.7% hombres.
Las personas con discapacidad enfrentan grandes brechas de desigualdad. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (elaborada por el INEGI en 2014) reveló que sólo 40% de las personas con discapacidad trabajan o están buscando empleo, en contraste con el 70% de las personas sin discapacidad en la misma situación.
Asimismo, por cada 100 pesos que gana una persona con discapacidad, otra sin discapacidad puede llegar a ganar hasta 251, aún si ambas tienen la misma edad, ocupación y preparación académica, destaca el estudio Discriminación estructural y desigualdad social, publicado por el Conapred y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2017.
Por tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) considera que entre los pendientes en la agenda de inclusión está el de garantizar el derecho a la no discriminación a las personas con discapacidad. Así lo precisó en el “Decálogo para una Agenda Electoral Incluyente” (que ya se envió a todos los partidos políticos) en donde se destaca que “las personas con discapacidad deben contar con los medios para poder participar libremente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo que implica facilitar que accedan a todos los espacios, realicen trámites y tomen decisiones sin la intermediación de terceros”.
La discapacidad no la originan las personas que la tienen, sino la sociedad que les impone barreras en los entornos, lo cual les impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Así se destaca en la CDPD que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, con el objetivo de promover, proteger y asegurar el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas con discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006 la Convención fue aprobada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituyéndose en el primer instrumento internacional en materia de discapacidad con carácter universal y vinculante para los Estados. Con esta Convención se reconoce que la discapacidad forma parte de la diversidad y condición humanas.