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2015 - 011. La Constitución Política de México prohíbe la Discriminación por Discapacidad

La Constitución Política de México prohíbe la Discriminación por Discapacidad.

Boletín de prensa 011 / 2015.

México, D.F., 9 febrero 2015.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, columna vertebral de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, prohíbe expresamente “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona”.

La reforma constitucional de junio del 2011, colocó a México entre los países con una legislación de vanguardia en la materia, al obligar también a todas las autoridades a promover, respetar e investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos; bajo la óptica del principio pro-persona y de acuerdo con leyes nacionales y tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Desde esa perspectiva, México se obliga a respetar lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad[1], para garantizar su derecho a la educación[2], al empleo[3] –cualificado-, acceso a la información[4], adecuado cuidado médico y sanitario[5], desplazamiento[6], y garantizar los procesos y accesibilidad[7] que les permitan integrarse a la sociedad y ser aceptadas; reconociendo que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.[8]

Asimismo, resulta de máxima consideración el párrafo 1 del artículo 7 de la citada Convención, la cual refiere a que los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

Como legislación rectora en la protección del derecho a la igualdad y  la no discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define en su artículo 1° fracción III a la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”, cuando se basen en uno o más motivos, entre los cuales, se encuentra la discapacidad.

Con base en este marco legal es preocupante que en un reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro Franco González Salas se pronunciara a favor de la segregación educativa de las niñas o niños que sean catalogados con el concepto ambiguo de "discapacidad dependiente”.

Dicha propuesta ocurrió en el debate de la SCJN en que la ministra Olga Sánchez Cordero propuso declarar inconstitucional el artículo 147 (147 bis y 147 bis 2) de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicado en 2009, que niega el acceso a guarderías a niños con ``discapacidad dependiente´´.

Contrario al proyecto, el Ministro Franco se pronunció por rechazar el proyecto, argumentando “está demostrado que a los demás niños que pueden estar en la guardería, les puede afectar el tener el contacto con este tipo de menores, que lógicamente nos presentan a todos un impacto muy fuerte, cuando los vemos y vemos sus condiciones”.

``En ocasiones, el contacto con ciertas escenas, que son muy fuertes pueden perjudicarlos y esto está documentado. Por estas razones no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, porque estimo que tenemos que verlo como un modelo y tipo de guardería, lo cual no quiere decir que eso exima de la obligación al Estado Mexicano, y en todos sus órdenes de gobierno y en la medida que les corresponde a establecer centros especializados que se dediquen, precisamente, a atender de la mejor manera a este tipo de menores que lo requieran.´´

En un sano debate democrático sobre los derechos de las personas, no debe pasarse por alto el mandato constitucional, la normatividad internacional que privilegia el principio pro persona, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que contempla la obligación de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación y competencia, a realizar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas  para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Dentro de las acciones afirmativas, las cuales se refieren medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones, debe contemplarse a aquellas que garanticen el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en espacios educativos, prioritariamente aplicables entre otras, a personas con discapacidad (Artículo 15 Bis, Séptimus y Octavus).

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) pide a la SCJN pondere el mandato constitucional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, buscando lo que más proteja integralmente todos sus derechos, incluido el derecho a participar de la vida social y en el sistema educativo en igualdad de condiciones.

De igual forma y a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, es indispensable para una sociedad de derechos promover la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente de quienes sufren mayor segregación.

Confiamos que en este caso, como lo ha hecho en muchos otros, la resolución de la SCJN ampliará el marco de protección de derechos humanos, ayudando con ello a hacerlos realidad para todos los niños y niñas con discapacidad del país.

[1] Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ratificada por México el 17 de diciembre de 2007. Versión electrónica disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

[2] Óp. Cit. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 24.

[3] Ibíd. Artículo 27.

[4] Ibídem. Artículo 21.

[5] Óp. Cit. Artículo 25.

[6] Ibíd. Artículo 18.

[7] Ibídem. Artículo 9.

[8] Óp. Cit. Artículo 5, párrafo 1.