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Discriminación Personas Migrantes

Icono que representa a los grupos de migrantes y refugiadosMéxico es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Aunque hay elementos comunes, las características, necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de esos grupos son distintas y suelen agravarse por alguna otra condición de vulnerabilidad, como el género, la edad, la situación económica y, en particular, el estatus migratorio.

Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre, Estados Unidos).

Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.

Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.

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Personas Migrantes, México - Estados Unidos:
 
En 2015 había cerca de 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Se trata en su mayoría de descendientes de mexicanas y mexicanos que llegaron a ese país desde hace décadas; alrededor de 12 millones nacieron en México.1 Diversas estimaciones indican que más de la mitad de ellas (5.8 millones) está en una situación migratoria irregular.

Las personas migrantes mexicanas en situación migratoria irregular han contribuido por años al desarrollo económico de Estados Unidos y México mediante su trabajo en diversos sectores de la economía de aquel país y a la subsistencia de muchas familias mexicanas a través de las remesas.

Desafortunadamente, su situación migratoria ha sido uno de los factores principales que contribuyen a violaciones de sus derechos humanos y a ser discriminadas por una parte de la sociedad y el gobierno estadounidense.

Las políticas federales y estatales en la Unión Americana respecto a las personas mexicanas en situación migratoria irregular han sido heterogéneas. A manera de ejemplo, en el ámbito local, mientras que algunos estados aprobaron leyes que las criminalizaban abiertamente, como la ley SB1070 de 2010 en Arizona,2 hay otros que no siempre reportan a las autoridades federales el estatus migratorio de las y los migrantes para que no sean detenidas y deportadas, como sucede en las llamadas “ciudades santuario”.

3 En el ámbito federal, durante la administración del presidente Barack Obama, si bien se incrementó sustancialmente el número de repatriaciones de migrantes irregulares, también se intentó promover políticas que beneficiaron a personas en situación migratoria irregular.

Tal es el caso del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permitió que miles de mexicanas y mexicanos jóvenes que llegaron desde su infancia a Estados Unidos de forma irregular pudieran trabajar legalmente sin importar su condición migratoria.

4 Se estima que la población que podría beneficiarse del programa DACA es de 1.3 millones, de las cuales, 63% (alrededor de 820 mil) son de origen mexicano. En noviembre de 2014, la Administración Obama adoptó otras medidas ejecutivas, como la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), que fueron bloqueadas por una corte federal de Texas.

La última elección presidencial en la Unión Americana plantea una amenaza para las personas mexicanas en situación migratoria irregular, pues el presidente Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones su intención de expulsarlas del país. Desde el inicio de su campaña, su discurso las señaló como responsables del creciente descontento social y la falta de oportunidades que viven diversos grupos de la sociedad estadounidense y varias de las propuestas de gobierno que ha presentado después de su victoria se enmarcan en esta visión equivocada.

Las posturas en contra de las personas migrantes mexicanas no solamente tienden a colocarlas en una situación de vulnerabilidad y violación de derechos. También niegan su importante contribución al desarrollo económico de Estados Unidos en sectores tan relevantes como la agricultura, la construcción, el comercio y los servicios, además de sus aportaciones fiscales, mayores a los costos en que el gobierno estadounidense incurre por atenderlas.

Se ha señalado que las personas nacidas en Estados Unidos obtienen beneficios en sus ingresos por la actividad económica de quienes están en una situación migratoria irregular.

Al respecto, es fundamental conocer y difundir las contribuciones de las y los mexicanos en situación migratoria irregular a la economía, la sociedad, así como a la cultura de Estados Unidos, a fin de contrarrestar los prejuicios y estereotipos que pretenden mostrarlas como personas nocivas que merecen ser excluidas de aquel país y que alimentan acciones discriminatorias en su contra.

De hecho, la deportación masiva a la que se refirió la campaña republicana podría representar no solo un retroceso en la integración económica de América del Norte, sino sensibles pérdidas para los tres países, incluso para Estados Unidos. Con datos de 2015, el costo operativo de la deportación masiva sería de entre 400 y 600 mil millones de dólares, equivalentes a 50 mil dólares por cada migrante aprehendido, procesado, transportado y deportado.

Además, la deportación de todas las personas migrantes en situación irregular residentes en Estados Unidos podría reducir en 6.4 por ciento la fuerza laboral de ese país, lo que implicaría, sin considerar la reducción en el consumo interno, pérdidas equivalentes a 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (Gitis y Collins, 2015). 

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