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Discriminación Personas Migrantes

Icono que representa a los grupos de migrantes y refugiadosMéxico es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Aunque hay elementos comunes, las características, necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de esos grupos son distintas y suelen agravarse por alguna otra condición de vulnerabilidad, como el género, la edad, la situación económica y, en particular, el estatus migratorio.

Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre, Estados Unidos).

Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.

Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.

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Personas Migrantes, México - Estados Unidos:
 
En 2015 había cerca de 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, en su mayoría de descendientes de mexicanas y mexicanos que llegaron a ese país desde hace décadas.

Alrededor de 12 millones nacieron en México, y más de la mitad de ellas (5.8 millones) está en una situación migratoria irregular. Las personas migrantes de origen mexicano han contribuido por años al desarrollo económico de Estados Unidos y México mediante su trabajo en aquel país y el envío de remesas a familias mexicanas.

Desafortunadamente, tanto su origen como su situación migratoria han motivado violaciones de sus derechos humanos y a ser discriminadas por una parte de la sociedad y el gobierno estadounidenses.

Las políticas federales y estatales en la Unión Americana respecto a las personas migrantes han sido heterogéneas. Por ejemplo, en el pasado, algunos estados aprobaron leyes que las criminalizaban abiertamente y promovían el perfilamiento racial, como la ley SB1070 de 2010 en Arizona.

En contraste, en las llamadas “ciudades santuario”, hoy las autoridades locales no siempre reportan a las federales el estatus migratorio de las y los migrantes cuando cometen faltas menores, para evitar su detención y deportación.

La ley SB1070 de 2010 buscaba reducir la migración irregular a Arizona mediante acciones policiacas y prohibiciones que violaban los derechos de las personas migrantes. Los artículos más perjudiciales de la ley fueron suspendidos previo a su entrada en vigor en julio, como aquel que convertía en delito el hecho de no portar papeles o el que requería a los policías estatales comprobar el estatus migratorio de personas detenidas cuando sospecharan de éste (SRE s/f).  

Se estima que hay cerca de 170 ciudades santuario en Estados Unidos. En el ámbito federal, durante la administración del presidente Barack Obama, si bien se incrementó sustancialmente el número de repatriaciones de migrantes irregulares, también se intentó promover políticas que beneficiaron a personas en situación migratoria irregular.

Tal es el caso del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permitió que miles de mexicanas y mexicanos jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres de forma irregular pudieran trabajar legalmente sin importar su condición migratoria.

Aproximadamente, 690 mil personas se benefician del programa DACA, de las cuales 79.4% son de origen mexicano (López y Krogstad 2017). Actualmente, la administración del Presidente Donald Trump se ha manifestado en contra de la migración irregular, especialmente de personas de origen mexicano y centroamericano, tanto en declaraciones como en políticas concretas. Algunos ejemplos son el aumento del número de oficiales de la Patrulla Fronteriza (The White House 2017); el aumento de redadas en varias ciudades del país con el objetivo de identificar y detener a personas en situación migratoria irregular;4 y la política de “cero tolerancia”, la cual ordena la detención de cualquiera que ingrese de forma irregular al territorio estadounidense, incluyendo a quienes estén acompañados de niñas, niños y adolescentes (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2018), lo cual provocó incluso la separación de miles de familias.

Las políticas en contra de las personas migrantes mexicanas no solamente tienden a colocarlas en una situación de vulnerabilidad y violación de derechos. También niegan su importante contribución al desarrollo económico de Estados Unidos en sectores tan relevantes como la agricultura, la construcción, el comercio y los servicios, además de sus aportaciones fiscales, mayores a los costos en que el gobierno estadounidense incurre por atenderlas.

Es fundamental conocer y difundir estas contribuciones a la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, a fin de contrarrestar los prejuicios y estereotipos que pretenden mostrarlas como personas nocivas que merecen ser excluidas de aquel país y que alimentan acciones discriminatorias en su contra. De hecho, las propuestas del Presidente Trump de una deportación masiva podrían representar no solo un retroceso en la integración económica de América del Norte, sino sensibles pérdidas para los tres países.

El costo operativo de la deportación masiva sería de entre 400 y 600 mil millones de dólares, equivalentes a 50 mil dólares por cada migrante aprehendido, procesado, transportado y deportado. Además, la deportación de todas las personas migrantes en situación irregular residentes en Estados Unidos podría reducir en 6.4 por ciento la fuerza laboral de ese país, lo que implicaría, sin considerar la reducción en el consumo interno, pérdidas equivalentes a 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (Gitis y Collins 2015).

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